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RESUMEN
El más reciente informe de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) coloca a República Dominicana en el primer lugar del Índice Chapultepec de Libertad de Expresión y de Prensa 2025. Con 82.17 puntos sobre 100, el país no solo encabeza la lista de 23 naciones evaluadas, sino que además es el único que se ubica en la categoría plena de “Con Libertad de Expresión”.
El dato es relevante y merece ser reconocido. Pero el propio informe que otorga ese mérito introduce una advertencia: esa estabilidad es frágil y podría quebrarse si no se protege con firmeza. La reacción del presidente Luis Abinader, quien expresó orgullo por la distinción, es comprensible. En un continente donde la prensa ha enfrentado, en distintas etapas, homicidios, exilios, detenciones arbitrarias y censura indirecta, liderar un índice de libertades públicas constituye un logro significativo para cualquier nación. Sin embargo, en materia democrática, los rankings no son medallas permanentes, sino imágenes temporales de un momento político que exige vigilancia constante y compromiso institucional.
El contexto regional que describe la SIP resulta motivo de preocupación. El promedio de libertad de prensa en las Américas cayó a 47.10 puntos, el nivel más bajo desde que se mide el Índice Chapultepec. Esta disminución atraviesa sistemas ideológicos diversos y revela un fenómeno común: la creciente tensión entre el poder político y el ejercicio de la crítica pública.
En varios países, el informe identifica patrones recurrentes: decisiones de instituciones estatales que afectan el ejercicio del periodismo independiente, campañas de estigmatización, presiones económicas contra medios críticos y marcos legales diseñados para diluir o restringir opiniones incómodas. La censura contemporánea rara vez se manifiesta como una prohibición abierta; con frecuencia adopta formas más sutiles, presentándose como regulación administrativa, fiscalización selectiva o discursos políticos que buscan desacreditar a quienes ejercen la función informativa.
En ese escenario continental, la posición dominicana es, sin duda, una buena noticia. Pero también plantea una responsabilidad mayor. Ser la excepción en un entorno de deterioro obliga a fortalecer las garantías institucionales que sostienen esa libertad: independencia judicial, acceso efectivo a la información pública, pluralidad mediática y respeto a la crítica como componente esencial de la vida democrática.
La historia latinoamericana demuestra que la libertad de prensa rara vez desaparece de manera abrupta. Su debilitamiento suele comenzar con señales aparentemente menores: una descalificación pública, una presión indirecta o un discurso que intenta presentar al periodista como un actor político enfrentado al poder, en lugar de reconocer su función de mediador informativo en la sociedad.
Por ello, el reconocimiento otorgado por la SIP debe asumirse no como un punto de llegada, sino como un compromiso permanente con los principios democráticos. La verdadera fortaleza de la libertad de expresión se demuestra cuando el periodismo puede ejercer su labor con independencia, incluso cuando sus preguntas resultan incómodas para quienes gobiernan.
En ese marco, corresponde a las instituciones del Estado y a toda la sociedad preservar un clima de respeto, pluralidad y apertura, en el que la crítica sea entendida como parte natural del debate público y no como una amenaza. Solo así la libertad de prensa dejará de ser un indicador circunstancial para consolidarse como un valor permanente de la vida democrática.
