¿Quién permite que los celulares sigan entrando a las cárceles? Las estafas telefónicas ponen bajo sospecha los controles penitenciarios

Por José Armando Toribio (1-2)

Santiago de los Caballeros- Mientras las autoridades anuncian bloqueos de señales, operativos y nuevas medidas para impedir el uso de celulares dentro de los centros penitenciarios, las estafas telefónicas continúan golpeando a la población dominicana, lo que obliga a formular una pregunta que hasta ahora no parece tener una respuesta convincente: ¿cómo llegan, quién permite y cómo permanecen funcionando los teléfonos dentro de las cárceles si supuestamente existen controles para impedirlo?

El problema ya no puede analizarse únicamente desde la perspectiva tecnológica, porque un bloqueador de señal puede dificultar una llamada, pero no elimina las estructuras que permiten obtener teléfonos, tarjetas SIM, información personal y otros recursos utilizados para contactar a las víctimas, por eso cualquier política seria debe investigar toda la cadena y determinar dónde están las fallas que permiten que estas operaciones continúen

Las denuncias ciudadanas muestran que el fenómeno tiene múltiples rostros, desde llamadas del denominado “falso familiar”, donde se informa sobre un supuesto accidente de tránsito o una detención, hasta falsos premios, rifas inexistentes, fraudes en plataformas de compraventa, amenazas y extorsiones, mecanismos que utilizan el miedo, la desesperación y la confianza de las víctimas para conseguir transferencias de dinero

Lo más preocupante es que estas operaciones no requieren grandes infraestructuras, porque un teléfono inteligente, conexión a internet y algunos datos personales pueden convertirse en herramientas suficientes para construir una estafa, contactar decenas de personas y coordinar el movimiento del dinero, mientras la víctima permanece convencida de que está atendiendo una emergencia real

Durante los últimos años las autoridades han informado sobre la desarticulación de estructuras delictivas vinculadas a estafas y otros delitos cometidos mediante dispositivos móviles desde centros penitenciarios, incluyendo casos relacionados con la Penitenciaría Nacional de La Victoria, pero la persistencia del fenómeno obliga a pasar de los anuncios de operativos a una investigación más profunda sobre la eficacia real de los controles penitenciarios

¿Quién introduce los teléfonos?, ¿quién los entrega?, ¿cómo ingresan los chips?, ¿quién permite que permanezcan activos?, ¿cómo se obtiene información de las posibles víctimas?, ¿quién recibe el dinero y cómo se mueve posteriormente? Son preguntas que deberían formar parte de cualquier investigación destinada a desmantelar estas estructuras, porque perseguir únicamente a quien realiza la llamada significa atacar la última pieza de una cadena que podría ser mucho más amplia

También debe investigarse el viejo modelo penitenciario y las denuncias históricas sobre posibles prácticas irregulares vinculadas a los controles internos, sin caer en generalizaciones contra los agentes que cumplen correctamente con su responsabilidad, pero tampoco ignorando la posibilidad de que existan funcionarios, empleados o particulares que faciliten el ingreso de dispositivos a cambio de beneficios económicos, una hipótesis que corresponde determinar a los organismos competentes mediante investigaciones independientes y transparentes

El Estado tampoco puede limitar su respuesta a bloquear señales, porque los delincuentes pueden modificar sus métodos, utilizar diferentes plataformas o recurrir a terceros que operen fuera de los centros penitenciarios, por lo que se necesita inteligencia penitenciaria, investigación financiera, análisis de llamadas y dispositivos, controles internos rigurosos, persecución del lavado de activos y sanciones contra cualquier persona que facilite estas operaciones, sin importar su posición o vínculo con el sistema

Mientras tanto, la ciudadanía debe mantenerse alerta, porque ninguna institución seria solicita dinero mediante llamadas improvisadas para resolver accidentes, detenciones o supuestos premios, ante una situación de este tipo lo recomendable es colgar, comunicarse directamente con el familiar involucrado, verificar la información por canales oficiales y nunca entregar códigos bancarios, contraseñas, datos personales o realizar transferencias bajo presión

El verdadero desafío para las autoridades dominicanas no consiste solamente en demostrar que pueden bloquear un teléfono dentro de una cárcel, sino en demostrar que pueden impedir que una estructura criminal consiga ese teléfono, lo mantenga operativo, obtenga información de las víctimas y convierta las instalaciones penitenciarias en un punto de origen para operaciones contra ciudadanos que están fuera de sus muros, porque si después de cada anuncio las estafas continúan, la sociedad tiene derecho a exigir resultados, transparencia y respuestas concretas sobre dónde está fallando el sistema