Reforma fiscal y justicia social

¿Qué es una reforma fiscal integral? Una reforma fiscal se fundamenta en el replanteo de los impuestos, con la finalidad de variar las estructuras tributarias, elevar las recaudaciones, auspiciar  la equidad, mejorar la competitividad, modernizar el sistema en busca de captar los ingresos que requiere el Estado para la ejecución de políticas públicas eficaces e incentivar a los inversionistas para producir riquezas e influir en el bienestar social de la población.

Así se evidencia en las diferentes reformas que se han aplicado, con las cuales solo se han afectado nuevas imposiciones sin afectar la racionalidad del gasto público y la aplicación de nuevos impuestos que eleven la capacidad de ingresos. En los cambios registrados en las normas impositivas en diferentes etapas, en el país solo se aplican variaciones en el sistema tributario en perjuicio de la mayo­ría de dominicanos, porque nunca se ha puesto en marcha una reforma fiscal integral, por tanto, quienes promueven la modificación a la jurisprudencia impositiva deben actuar con cuidado y procurar innovaciones económicas, tributarias y sociales que asegu­ren el bien común.

Procede, entonces, revisar los salarios de los trabajadores, el poder adquisitivo de la gente, la seguridad social e inflación en aras de aprobar una reforma fiscal que cause el menor daño posible a los segmentos que perciben medianos y bajos ingresos. Frente a esta situación, quienes controlan los poderes Ejecutivo y Legislativo, los cuales son res­ponsables de certificar la evolución fiscal, deben comportarse con prudencia y con cautela, y raciocinio, lo que implica ejercer su poder al servicio del pueblo. Además, es trascendental establecer que los grupos que concentran grandes riquezas paguen más impuestos que los contribuyentes que reciben ingresos que apenas permiten que subsistan en medio de precariedades y múltiples limi­taciones.

Otra decisión  debe orientarse a eliminar los subsidios privilegiados a sectores poderosos y trazar proyectos para que esos recursos se destinen a construir las obras que necesita la nación y mejorar los servicios públicos a favor de la inmensa mayoría de las personas vulnerables y que sobreviven en condiciones inhumanas.

Que se asuman con responsabilidad los desafíos que se tienen por delante para aplicar una reforma fiscal integral que tenga como objetivo: frenar el ya crónico endeudamiento del Estado; distribución de forma justa de los bienes y riquezas que se producen en el país; control del gasto corriente e impregnarle cali­dad al gasto público. Ese es el deber de los legisladores y del Poder Ejecutivo.