República Dominicana debe ser fortalecida para prevenir y mitigar

Las instituciones públicamente comprometidas con la nación cuando la desgracia la hiere tan profundamente como ahora, en cierta medida fueron sobrepasadas en su posibilidad de reaccionar con plenitud de respuesta a la desgracia aun cuando sus recursos humanos dieran todo de sí, lo que significa que con más medios técnicos, instrumentos y sedes espaciosas a su disposición el país hubiera estado más apto para unos hechos tan impredecibles como trágicos. Tampoco se estuvo antes, evidentemente, para evitarle con mecanismos preventivos institucionales tanto pesar a la población que ha visto tronchar 226 vidas en un solo y trágico instante.

Para cada aspecto de esta demandante y sorpresiva contingencia República Dominicana ha estado contando con personal de profesionalidad, competencia y sentido ético a más de experiencia; entes para la asistencia súbita bajo la excelente dirección del Centro de Operaciones de Emergencia, COE, que actuó como siempre para aglutinar en el acto a los órganos de mitigación con capacidades para rescates, lograr hospitalización pronta y luego el obligado manejo de lo infausto, en esta ocasión de tan impresionante magnitud, a cargo de patólogos y especialistas forenses que tuvieron que esforzarse por encima de lo normal para llenar su cometido a fin de proceder extensamente en la medida que exigían las circunstancias y el ineludible deber de que se tratara con dignidad a los restos humanos.

Es ya una obligación de primer orden reservar capacidades instaladas para el inesperado surgimiento de gran número de víctimas mortales o en riesgo de morir para lo cual debe apelarse a las facultades de medicina de las principales universidades. Para mediano plazo, el Estado debe respaldar a esas instituciones de la educación superior para que puedan disponer de morgues y departamentos de patología con capacidad ampliada para acoger transitoriamente más cuerpos de los que sus labores docentes requieren de ordinario. Procede además aumentar extraordinariamente la facultad legal de los cuerpos de bomberos para que sean ellos lo que detecten, con minuciosidad científica y rutinaria, las situaciones de riego en locales utilizados para congregar público.