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RESUMEN
El Congreso Nacional, poder conformado por las cámaras de Senadores y Diputados, respectivamente, es una columna clave para salvaguardar y afianzar el sistema democrático representativo y participativo en República Dominicana.
Para jugar un rol significativo en procura de consolidar la democracia, los congresistas deben asumir con responsabilidad patriótica su misión de legislar, representar y fiscalizar; labores esenciales en busca de elaborar las leyes vitales, defender los derechos ciudadanos y procurar un comportamiento eficaz de los servidores de las instituciones del Estado, garantizar la eficacia en la administración pública, manejo transparente de los recursos del erario e incidir en el crecimiento sostenido del país y al mismo tiempo propiciar el bienestar social de la población.
Muchos legisladores se han distanciado del mandato constitucional, por eso en los resultados de las encuestas realizadas en el país se expresa una alta tasa de rechazo e inconformidad de la ciudadanía y de ese modo cuestionan el accionar de los senadores y diputados.
Ante esa situación, el Tribunal Constitucional (TC) ha emplazado al Congreso Nacional asumir el deber legislativo y aprobar las leyes trazadas por la Constitución de la República, ya que es vital en la búsqueda de fortalecer la democracia y dotar al país de un sistema jurídico acorde con los avances experimentados en la jurisprudencia en el mundo de hoy.
Resulta inadmisible, por ejemplo, que anteproyectos como Ley de Agua y el Código Penal tengan alrededor de 20 años sin su aprobación, como consecuencia de la deficiencia, apatía e intereses políticos durante cinco gestiones congresuales diferentes. De igual modo, hay que resaltar las leyes sobre referendos y plebiscitos, las cuales están contenidas en la Constitución del 2010, pero que permanecer archivadas en las cámaras legislativas a causa de la desidia de los congresistas.
Tienen razón los magistrados del Tribunal Constitucional, cuando establecen que es inconstitucional la negligencia de los congresistas que impiden sancionar favorablemente las leyes consignadas en la Carta Magna.
Con la disposición de la Alta Corte, a través de la cual se convoca al Congreso Nacional a legislar en base al mandato de la Ley de Leyes, puesto que se trata de una especie de memorándum perentorio, por tanto, senadores y diputados están compelidos a obedecer la sentencia mandatoria del Tribunal Constitucional.
Es un deber constitucional de los actuales congresistas y los que asumirán sus funciones el próximo 16 de agosto para el cuatrienio 2024-2028, proceder a la aprobación de las leyes imprescindibles y para esos fines el Tribunal Constitucional a establecido un plazo de 24 meses.
Los legisladores tienen que sujetar su actuación a los principios de la Constitución y el sistema jurídico, porque así generarán confianza en la población, serán paradigmas ante la sociedad y contribuirán con la construcción de una democracia robusta y garante de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
