Ciudadanos y opiniones

La democracia está definida desde tiempos inmemoriales como el gobierno del pueblo. Digamos, para comprender bien, que esta es la democracia occidental, la que nos viene de los griegos, la que conocemos por acá como derivación de las revoluciones norteamericana y francesa.

En esta democracia todos somos iguales ante la ley. Las diferencias las ponen el dinero, la educación y hasta los grupos étnicos, pero teóricamente estas desigualdades no establecen ciudadanos de primera y segunda.

Ahora, la pregunta es si la igualdad ante la ley hace que nuestras opiniones y pareceres tengan la misma calidad, el mismo peso, el mismo vigor conceptual y una lógica similar, etcétera.

Todos tenemos derecho, en nuestro sistema democrático, a decir lo que opinamos sobre tal o cual tema, legislación o problema. Es el derecho a la palabra, el derecho a la opinión…

Estas observaciones las hacemos a propósito del conocimiento del proyecto de ley de Código Penal y del proyecto de reforma del Código Laboral. Aceptemos que en una sociedad abierta todos los ciudadanos, hombres y mujeres, podían expresar –de hecho ejercieron este derecho– su pensamiento sobre estos temas.

Pero qué podemos decir si, por ejemplo, en el caso del proyecto de ley del Código Penal, los principales opinantes hubieran sido los juristas expertos en Derecho Penal, los filósofos del Derecho, los médicos gineco-obstetra y los autores de libros e investigaciones sobre estos temas.

Nos parece que, sin conculcar los derechos ciudadanos, nuestro Congreso Nacional –diputados y senadores– debe hacer ejercicios de diálogos que permitan mejorar la calidad de las opiniones e informaciones que se vierten sobre cuestiones que normarán aspectos importantes de la vida nacional. Aspectos que ordinariamente no son de conocimiento popular.

Se nos ocurren estas ideas por lo que estamos viendo en el día a día y porque los legisladores acaban de iniciar una legislatura y han adelantado que tienen en agenda conocer asuntos de envergadura como los códigos Civil, de Procedimiento Civil, Procedimiento Penal y el anciano proyecto de Ley de Agua.

Nos miramos nosotros, los medios, y afirmamos que estas observaciones son igualmente válidas para los medios de comunicación social, que debemos preocuparnos por elevar cada vez más la calidad de las opiniones ciudadanas que pueblan nuestras páginas, pantallas y audios.