Cuando la fuerza sustituye a la ley: una advertencia sobre la violencia policial.

Por: Giovanni Matos.

La denuncia de que agentes de la Policía Nacional habrían perseguido a un menor de edad que salía a comprar gas para su hogar, intentando posteriormente ingresar por la fuerza a una vivienda sin una orden judicial, constituye un hecho de enorme gravedad si los acontecimientos ocurrieron como han sido descritos. Más inquietante aún resulta que el desenlace habría sido distinto de no intervenir el padre del adolescente, quien es coronel de la propia institución policial. El episodio obliga a una reflexión profunda sobre los límites del uso de la fuerza y el respeto al Estado de derecho.

La primera obligación de toda institución policial es proteger la vida, la integridad física y la dignidad de las personas. Su autoridad no nace de las armas que porta, sino de la Constitución y de las leyes que regulan su actuación. Cuando un agente sustituye el debido proceso por la intimidación o el abuso, deja de servir a la ciudadanía para convertirse en una amenaza contra ella.

Si la versión denunciada resulta cierta, la persecución de un menor sin una causa legal evidente y el intento de penetrar en una residencia sin autorización judicial representarían actuaciones incompatibles con los principios constitucionales que protegen la libertad personal, la inviolabilidad del domicilio y el debido proceso. Ninguna sociedad democrática puede normalizar ese tipo de conductas.

El aspecto más perturbador del caso es la pregunta que inevitablemente surge: si un joven que resulta ser hijo de un oficial superior pudo verse expuesto a una situación semejante, ¿qué ocurre diariamente con miles de ciudadanos que carecen de cualquier influencia dentro del aparato estatal? Esa interrogante revela la profunda desconfianza que todavía persiste entre amplios sectores de la población y algunos organismos encargados de hacer cumplir la ley.

La República Dominicana ha impulsado durante los últimos años un proceso de transformación policial con el propósito de erradicar prácticas incompatibles con un Estado democrático y fortalecer una cultura de respeto a los derechos humanos. Sin embargo, hechos como el denunciado parecen evidenciar que la reforma aún no ha llegado a la mente de muchos de los integrantes de la institución. Cambiar reglamentos, modernizar equipos o rediseñar estructuras administrativas resulta insuficiente si no se transforma la cultura institucional y la forma de entender la autoridad. La verdadera reforma policial comienza cuando cada agente comprende que su misión no es sembrar miedo, sino proteger la vida, respetar la dignidad humana y actuar siempre dentro del marco de la ley.

La autoridad no puede descansar sobre el miedo. Una policía moderna se fortalece mediante el profesionalismo, la capacitación permanente, el respeto a los derechos humanos y la rendición de cuentas. Cada actuación arbitraria erosiona la legitimidad institucional y alimenta la percepción de que algunos agentes actúan con impunidad.

Corresponde ahora a los organismos competentes investigar los hechos con independencia, objetividad y transparencia. La investigación no debe orientarse a proteger uniformes ni jerarquías, sino a establecer la verdad. Si hubo abuso, deben imponerse las sanciones correspondientes; si las denuncias no se confirman, también debe quedar claramente demostrado mediante un proceso serio y verificable.

La confianza ciudadana no se recupera con comunicados oficiales, sino con decisiones firmes. Cada agente que incumple la ley desacredita el sacrificio de miles de policías que diariamente cumplen su deber con honestidad y respeto. La disciplina institucional exige separar con claridad a quienes honran el uniforme de quienes lo deshonran.

Una democracia sólida no teme investigar a sus propias instituciones. Al contrario, las fortalece cuando demuestra que nadie está por encima de la ley. La transparencia, la supervisión efectiva y la responsabilidad individual son pilares esenciales para construir una policía respetada por la ciudadanía y respetuosa de los derechos fundamentales.

Este episodio, más allá de las circunstancias particulares que deberán ser esclarecidas por las autoridades competentes, deja una lección que no puede ignorarse: la autoridad solo conserva legitimidad cuando actúa dentro del marco legal. Allí donde el abuso reemplaza al derecho, comienza a debilitarse la confianza pública. Y cuando un ciudadano siente más temor del uniforme que de la delincuencia, es la propia democracia la que recibe una de sus heridas más profundas.