El Estado “benefactor” golpea sector eléctrico

A la vista indicios de que la condición deficitaria de las empresas distribuidoras de electricidad no es causada mayormente como podría creerse por quienes mediante fraudes y conexiones sin contratos escapan a la facturación con notable incidencia en barrios marginados. Desde gigantescos consumos formales y autorizados de una u otra manera el sistema está fuertemente impedido de resarcirse financieramente. El propio consejo que dirige a las EDES ha hecho saber que de los 158 municipios y acueductos provinciales solo cinco cubren sus compromisos como usuarios restando considerables ingresos a la intermediación energética; una severa distorsión institucionalizada que debería reconocerse sacando a la luz con desgloses para precisar los orígenes de pérdidas que por proteccionismo desmesurado y debilidades operativas el Gobierno se causa a sí mismo y a la economía nacional por insuficiencias e ineficiencias del servicio que resultan un auténtico mal de fondo. El énfasis utilizado por el presidente de Consejo Unificado, Celso Marranzini, para referirse a lo que ocurre lo dice todo: «El Estado no puede permitirse llegar a acuerdos con todo el mundo y hacer borrón y cuenta nueva ni ser una vaca lechera sino hacer cumplir las leyes». Su pronunciamiento acompañó el anuncio de que va a buscarse un mecanismo para cobrar la electricidad que ilumina calles directamente a la ejecución presupuestaria de los cabildos. Cabe admitir que los ayuntamientos sobreviven bajo fuertes impedimentos de crear y elevar arbitrios o aplicar mayores tasas a los munícipes y lo que según la ley les corresponde de las recaudaciones nacionales les llega después que el gobierno central toma un elevado porcentaje mermándoles apoyo.

Llegó la hora de revisar con racionalidad y atención a las prioridades nacionales el régimen de incentivos que permite pagar la energía por debajo de su costo real a gruesos intereses privados, incluyendo algunos que invocan fines sociales que no podrían justificarse a plenitud. Excepciones y privilegios que restan equidad al suministro en perjuicio del resto de los clientes regulados que pagan con honestidad el fluido eléctrico, lo cual en muchos casos resulta un peso oneroso para una parte de la sociedad.