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RESUMEN
El pasado martes , el Listín Diario pidió al gobierno que ordenara una auditoría independiente a las empresas distribuidoras de electricidad, a propósito de la avalancha de quejas por los apagones y las altas facturaciones.
Queremos que haya mayor transparencia en la metodología de facturación y compensaciones reales para los afectados.
Como la misma ley lo consagra.
Ante las miles de denuncias por facturaciones , en algunos casos duplicando los montos de periodos anteriores, ya no hay espacio para las coincidencias.
La evidencia sugiere que nos enfrentamos a una práctica sistemática de cobrar más por un servicio que, o no se presta en la calidad debida, o directamente no se suministra.
El país tiene un marco normativo robusto para investigar y sancionar las prácticas fraudulentas en el servicio.
Mientras se persigue con celo judicial el fraude de los usuarios, las irregularidades cometidas por las empresas distribuidoras parecen gozar de una impunidad preocupante.
A los fiscales especiales de la Procuraduría General Adjunta para el Sistema Eléctrico (PGASE) se les ve allanando viviendas y sometiendo a la justicia a quienes sustraen energía mediante conexiones irregulares o manipulación de medidores.
Pero se pasa por alto lo que la ley 186-07 establece inequívocamente: “Se considera como fraude eléctrico la facturación de energía eléctrica no servida y cobrada al consumidor de manera intencional”.
¿Cuántos procesos hay en curso desde la PGASE contra empresas distribuidoras que incurren en la práctica reiterada de obligar a clientes a pagar facturas de energía no servida?
El 95% de las quejas son por cobros excesivos y a los usuarios les resulta casi imposible hacer valer sus derechos .
La ley no solo prevé el castigo para las empresas, sino una reparación ejemplar para los consumidores afectados. Es hora de aplicarla.
Hay que castigar a quienes roben la electricidad, y garantizar que a ningún usuario regulado se le cobre por energía que no consumió.
La exigencia de una auditoría independiente y transparente no es una simple solicitud mediática; es un imperativo legal y moral.
Es el primer paso para restaurar la equidad en un sistema eléctrico donde, hoy por hoy, el fraude tiene dos vías, pero la justicia solo transita una.
