Justicia y un Estado de derecho

La población tiene sed de un Estado de derecho y de regímenes políticos-sociales basados en la Constitución,  aplicación de las leyes sin privilegios y la equidad, porque solo así se garantiza una justicia íntegra.

República Dominicana fue sede, la pasada se­mana, de la Asamblea Plenaria de la XXII edición de la Cumbre Judicial Iberoamericana, en la cual  especialistas en el campo del derecho analizaron los sistemas judiciales de 23 países y al mismo tiempo establecieron las debilidades en materia de jurisprudencia.

Frente a la realidad de la situación judicial, presidentes de Consejos Judiciales de 23 naciones acordaron trabajar por la transformación y consolidación del estado de derecho y estructurar una justicia orien­tada a responder de manera satisfactoria a las necesidades y exigencias de la ciudadanía.

Con las resoluciones aprobadas y las decisiones de actuar con responsabilidad por una justicia equitativa,  constituyen un gran reto para los encargados de impartir jurisprudencia con ecuanimidad, ya que en este momento hay desconfianza en los jueces y los funcionarios del Ministerio Público, quienes son sometidos a duras críticas por los ciudadanos.

Es preciso que los  magistrados sujeten el comportamiento y su conducta en la ética, la moral, las constituciones, sistemas jurídicos,  la transparencia y la responsabilidad, con la finalidad de rescatar confiabilidad, credibilidad y equidad, en la medida que son aspectos claves para robustecer la judicatura.

Procede, entonces, que los actores del Poder Judicial concentren esfuerzos y voluntades en pos de asegurar la imparcialidad, propiciar los debidos procedimientos, proteger los derechos humanos y auspiciar la modernización e innovación de las herramientas fundamentales en el desarrollo de los procesos judiciales.

Resulta saludable la disposición de los delegados en la citada cumbre, mediante la que prometen sumar tenacidad y  perseverancia, en la consecución de la diafanidad y la honestidad en la aplicación de las leyes y el respeto a las constituciones de los países iberoamericanos, incluida República Dominicana.

También, es alentador que los magistrados juraron encarar como deberes avalar las libertades, salvaguardar la igualdad, proyectar la equidad procesal y honrar la dignidad de las personas, tal como se consigna en la Declaración de Santo Domingo.

Otro aspecto relevante sancionado de manera favorable de la Asamblea Plenaria, se refiere a calificar como una fuerza idónea de la justicia, influir en un cambio social en las sociedades.

¿Quiénes se comprometen con la Declaración de Santo Domingo? Suscribieron el convenio magistrados de República Dominicana, Andorra, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Uruguay y Venezuela.

Sobre la justicia social es pertinente garantizan trabajo, alimentación, salud, educación y el bienestar social de la gente, solo de ese modo se aplicará una justicia humanitaria  y fiable.