La inmigración ilegal en una agenda de alto nivel

De las conclusiones a que llega el Consejo Económica Social, CES, sobre las implicaciones para la República Dominicana del desmoronamiento institucional de Haití solo ha trascendido la recomendación de regular, inaplazablemente, la mano de obra que desde allí procede por obvias razones: se trata de una conmoción social que con crueldad expulsa habitantes hacia el exterior que en la isla común acentúa un vínculo obrero-patronal impuesto por la geografía desde mucho antes y por el desnivel de desarrollo entre estos dos países. Allá baja escolaridad, hambre y desempleo que lanzan a los hombres a los oficios de fuerza bruta; y acá el crecimiento imparable de la clase media, de la capacitación laboral y de las oportunidades de ganarse el pan y el confort sin esfuerzos físicos extremos; ocupaciones que para el dominicano promedio -aun los más necesitados-pasaron a la historia. ¡Ley de la vida! Hoy, para extendidas áreas de producción urbanas y rurales, el trabajador foráneo tiende a ser el único disponible por un dramático declive de la disponibilidad de ciudadanos locales en el mercado.

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Tan importante es en este momento crítico de Haití que el país acoja selectivamente -y si son imprescindibles para que la economía funcione- a trabajadores de esa procedencia con autorizaciones temporales; como lo es extrañar del territorio nacional, como se lleva a cabo sistemáticamente en estas oras, aquellos traídos con cierto grado de clandestinidad en condición de indocumentados a engrosar la población con vocación de generar bolsones de miseria. Lo que el CES proponga para aplicar soluciones a la llegada caótica de extranjeros a través de la frontera (con fórmulas que solo conocen por ahora el presidente Luis Abinader y los exmandatarios que son los destinarios de primer orden) es el resultado de seis meses de consultas aplicadas por integrantes del citado consejo de reconocidas probidad y representatividad en los que la sociedad dominicana puede confiar sin reservas. Está garantizado que sus propuestas derivan de un bien articulado y consensuado proceso. Con legitimidad se está conduciendo al país a asumir posiciones sabias, justas y prácticas ante el problema haitiano.