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RESUMEN
Conviene preguntar, con serenidad pero sin ingenuidad: ¿cuál de los hoy imputados es realmente experto en administración de sistemas de salud? ¿Quién llegó por mérito y quién por los turnos de un sistema de reparto que tanto daño ha hecho a la institucionalidad dominicana? Cuando los nombramientos se deciden por cuotas, tarde o temprano la factura la paga el Estado… y la población.
Dicho esto, importa subrayar lo esencial: toda persona tiene derecho a la presunción de inocencia. La justicia debe actuar sin precipitaciones, sin circo y sin interferencias políticas. Que investigue, que acuse cuando corresponda y que archive cuando proceda.
Ojalá este caso marque un punto de inflexión. Y confiemos, con moderado optimismo, en que antes de que termine el siglo entendamos que la profesionalización no es un lujo, sino una garantía mínima de buen gobierno.
