La Ley 01-24 la cual crea y regula la Dirección Nacional de Inteligencia ya ha logrado, a pocos días de su debut, llamar la atención de importantes sectores de la vida nacional. La sociedad Interamericana de Prensa (SIP) viene a ser la última en sumarse a ese tinglado de instituciones preocupadas por los efectos que la misma pudiera tener en el futuro sobre la privacidad y sus implicaciones, respeto a las fuentes confidenciales de cual emanan los juicios escritos. y los puntos de vista en una sociedad amparada en la libertad de expresión de acuerdo a la Constitución de la República. 

En todas las épocas los Estados se han preocupado, en su afán por dominar a los demás, y también, para defenderse de sus enemigos y de maximizar la tecnología de su época. Cuando el hierro constituyó la novedad, quienes forjaron mejores espadas vencían en las guerras; cuando en esa época surgió la navegación y la exploración, quienes dominaron las yeguas fueron quienes construyeron los mejores barcos; buques para el transporte de carga; Al fin, siempre la tecnología y sus efectos sobre la vida están presentes como elemento decisivo. 

No caben dudas: almacenar información y procesarla debidamente -minería de datos- constituye hoy un horizonte perseguido por todos los países; se habla incluso de un “Nuevo Orden”, vaya ingenio pensar en que los datos no van a ser clave e inflexiones sobre el cambio de las legislaciones; cruzar las barreras que impiden saber las cuestiones claves de la gente; las organizaciones vinculadas a estos aspectos serán presionadas con leyes como la que crea el DNI y sus atribuciones para afectar la confidencialidad. 

¿Qué sigue ahora? ¿Por qué el presidente de la República asevera que la misma no se usa como elemento político? ¿Podría el Tribunal Constitucional (TC) evacuar una sentencia donde establecer la inconstitucionalidad de algunos artículos, frenando algunas atribuciones? ¿Qué se discute al respecto? 

Obvio: su debut ocurre en un ambiente electoral caldeado por la lucha política y la competencia electoral; nadie ignora la necesidad de la oposición de ripostar con celeridad los temas con posibilidad de producir dividendos políticos. Por otro lado, el mismo presidente expresó que la misma pasó por los filtros establecidos en ambas cámaras legislativas y nadie observó, al parecer los temas hoy en controversias. 

El temor por parte de los actores de la sociedad de la información se esboza en un conjunto de razonamientos, donde este DIN no tendría límite para censurar; también, para recurrir a los elementos legales contra personas físicas; en definitiva, limita el secreto a la fuente y además, podría inmiscuirse en todos los aspectos de la privacidad sin límites y administrar los aspectos privados de la gente. 

Nuevas lacras delictivas se acorralan a los gobiernos: ataques cibernéticos; hackeo; terrorismo; y la sofisticación de la corrupción, en todos los ámbitos. Robustecer esta lucha requiere legislaciones fuertes para evitar, tal como acontece ahora, la posibilidad de que los imputados al final se “salgan con las suyas”.  

Para algunos, mucho más perspicaces responder al “Nuevo Orden” implica la readecuación de los Estados. En esta agenda global se incluye la necesidad de crear estándares que permitan la investigación, sin estropear algunos caminos definidos por los países. 

Hoy la lucha de quienes se encuentran afectados o para expresarlo de otra manera: quienes de alguna manera visualizan una parte trasera, donde se podría afectar considerablemente la intimidad de las instituciones y las personas. Dejando las manos sueltas a los agentes de la investigación para actuar en términos legales contra quienes son investigadores; este horizonte, según la SIP, permitiría el surgimiento del censurador como un agente nocivo a la libre expresión. Apenas, empieza la convivencia entre esta legislación y los actores en esta novedosa sociedad de la información.