La misión de la ONU en Haití parece condenada al fracaso. Primero, el Consejo Presidencial no ha podido estabilizar un Primer Ministro, teniendo que designar a un empresario en esa delicada función, ante la destitución de su predecesor.
Segundo, la debilidad del gobierno de transición que, junto a la misión de Kenia no ha podido ejecutar un plan de gestión dirigido a estabilizar la situación de violencia y de caos que han impuesto las bandas armadas, las cuales aprovechando esas debilidades institucionales han arreciado en sus acciones de violencia y de criminalidad.
Ese panorama de inseguridad se agrava aún más con la acción descarada de las bandas armadas de impedir el aterrizaje de un jet de pasajeros de una aerolínea norteamericana, al ser tiroteado y poniendo en peligro de muerte a los pasajeros del avión, el cual se vio forzado a remontar el vuelo y aterrizar en el aeropuerto de Santiago, en territorio dominicano.
Ese hecho ha sido calificado por el presidente dominicano como un acto de terrorismo, que debe ser tomado en cuenta con toda seriedad por los EE. UU. y por la propia Comunidad Internacional, representada por la ONU, quienes deben asumir un comportamiento de mayor compromiso con la causa haitiana.
EE. UU. y la ONU deben convencerse de que, “no hay solución dominicana al problema haitiano”. Esa solución está en las manos del propio Haití y de la Comunidad Internacional, la cual está en la obligación de poner en marcha una real ocupación para desmantelar las bandas que acosan y mantienen en zozobra al pueblo haitiano.
Ese plan debe contener dos componentes: uno militar para ampliar la presente dotación de efectivos militares que reduzcan a las bandas armadas, seguida de una acción para restablecer las instituciones del Estado haitiano; y el segundo componente ha de ser una especie de mini plan Marshall para iniciar un proceso de reactivación del desarrollo económico, que mejore las condiciones de vida en favor de la empobrecida población haitiana.
Mientras esas acciones se lleven a cabo, el Gobierno dominicano deberá mantener permanentemente reforzada la zona fronteriza y avanzar en un plan, en coordinación con los empresarios dominicanos que usan mano de obra haitiana, para la importación temporal de esa mano de obra, pero de una forma organizada y metódica, partiendo de un convenio con las autoridades haitianas, tal como se hacía con los trabajadores para el corte de la caña.
Los empresarios nacionales deberían ser los primeros interesados en que esa operación se produzca de forma organizada y sin apoyar a las mafias que intervienen actualmente en el tráfico de personas, las cuales también tienen que ser desmanteladas y judicializadas.
¡Qué se refuerce la frontera y se organice la internación de la mano de obra haitiana!
