El falso fiscal que vendía miedo: cuando la usurpación se convierte en negocio
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RESUMEN
Por: Giovanni Matos
La justicia dominicana vuelve a enfrentar un caso que no solo revela una presunta estafa económica, sino también una preocupante fractura institucional: un hombre acusado de hacerse pasar por abogado y fiscal en ejercicio para intimidar, manipular y obtener dinero de múltiples víctimas.
El imputado, Enercido Amaurys Heredia González, fue sometido a medidas de coerción por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, tras ser acusado de estafa, usurpación de funciones y delitos de alta tecnología.
Según las investigaciones del Ministerio Público, el imputado habría operado durante años utilizando logos institucionales, falsas investiduras y supuestas conexiones judiciales para ganarse la confianza —o el miedo— de sus víctimas.
Pero el caso tiene una dimensión todavía más delicada: no solo habría violado normas penales, sino también la Ley núm. 3-19 que crea el Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD).
La Ley 3-19 también habría sido vulnerada.
La Ley núm. 3-19 regula el ejercicio profesional de la abogacía en República Dominicana y establece que únicamente pueden ejercer como abogados quienes:
* posean título válido;
* tengan exequátur;
* estén incorporados al CARD;
* y cuenten con matrícula profesional activa.
Según las informaciones ofrecidas por las autoridades, Enercido Amaurys Heredia González no era abogado habilitado para ejercer la profesión, sino un estudiante de Derecho.
Eso significa que, presuntamente:
* ejercía ilegalmente la abogacía;
* simulaba representación profesional;
* ofrecía servicios jurídicos sin autorización legal;
* y cobraba honorarios sin tener capacidad jurídica para hacerlo.
Todo ello no solo afecta a las víctimas directas, sino también al propio sistema de regulación profesional establecido por la Ley 3-19.
La usurpación de calidad profesional constituye una agresión directa contra la integridad del ejercicio jurídico y contra la confianza social depositada en los abogados debidamente autorizados.
El negocio del miedo judicial:
El expediente sostiene que el imputado utilizaba perfiles de WhatsApp con logos del Ministerio Público, enviaba supuestas citaciones judiciales y alegaba ser fiscal en ejercicio.
La estrategia presuntamente descansaba sobre un elemento psicológico poderoso: el temor de la población al sistema penal.
En una sociedad donde muchas personas desconocen el funcionamiento real del Ministerio Público y de los tribunales, basta una llamada, un logo oficial o una amenaza de arresto para generar pánico.
Y precisamente ahí estaría el núcleo del fraude.
No era solo una estafa económica. Era el uso del poder simbólico del Estado para intimidar ciudadanos.
El peligro institucional.
La figura del fiscal representa el poder coercitivo del Estado:
* investigar;
* solicitar medidas de coerción;
* dirigir investigaciones penales;
* afectar derechos fundamentales.
Cuando alguien suplanta esa investidura, el daño trasciende a las víctimas particulares y golpea directamente la credibilidad del sistema de justicia.
Más grave aún resulta que, según el Ministerio Público, el imputado habría sido arrestado dentro de las instalaciones de la propia institución mientras supuestamente intentaba cobrar dinero relacionado con una falsa gestión judicial.
Ese detalle refleja hasta qué punto el presunto esquema habría operado con audacia.
El vacío ciudadano.
El caso también deja una lección incómoda para la sociedad dominicana.
Miles de ciudadanos entregan dinero, documentos y confianza sin verificar:
* si el supuesto abogado tiene matrícula;
* si posee exequátur;
* si realmente pertenece al CARD;
* o si el supuesto fiscal existe.
La ausencia de cultura jurídica básica crea el escenario perfecto para este tipo de fraudes.
Y mientras eso continúe, seguirán apareciendo falsos abogados, falsos fiscales y falsos gestores que convierten el miedo judicial en un negocio rentable.
Las medidas impuestas:
El tribunal impuso al imputado:
* garantía económica de RD$400,000;
* presentación periódica;
* impedimento de salida del país.
Aunque el Ministerio Público solicitó prisión preventiva, el juez entendió que el imputado podía enfrentar el proceso en libertad bajo medidas menos gravosas.
Hasta el momento, las autoridades han identificado varias víctimas.
Sin embargo, la víctima más grande podría ser otra: la confianza pública en el sistema de justicia dominicano.
