El caso Calamar terminó confirmando una sospecha vieja. Desde sus inicios, el expediente soltaba tinta como cefalópodo acorralado. Mucho ruido, filtraciones, nombres lanzados al escarnio público y una narrativa de epopeya moral que parecía escrita antes de que iniciara el juicio. El resultado era previsible: un proceso debilitado por excesos, por errores y por la peligrosa tentación de convertir la justicia en espectáculo.

Eso no significa que la corrupción no exista ni que deba archivarse la persecución penal. Todo lo contrario. Significa que el Ministerio Público necesita recordar que la lucha anticorrupción exige más rigor que estridencia. No están todos los que son, y sí aparecen algunos que probablemente nunca debieron estar. Mucho menos de la forma en que fueron presentados ante la opinión pública.

La justicia no puede cocinarse como propaganda. Porque cuando un gran caso se desinfla, no solo pierde el expediente: pierde la credibilidad institucional.