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RESUMEN
Cuando el pragmatismo resulta útil para avanzar, no para estancarse, las sociedades deben valerse de él como opción, lo que en el caso que nos ocupa serviría para dar carta de ciudadanía o validación al proyecto pendiente de aprobación definitiva para que la relación obrero-patronal pase a ser regida por un estatuto legal consensuado en un 90% por las partes, lo que significa que la magnitud de perjuicios a las comunidades de empleadores y asalariados por la obsolescencia de las reglas de juego que se les aplica todavía es de una importancia que no debe ser sacrificada por una especie de “to be or no to be” con la dichosa cesantía.
En favor de la aceptación congresional definitiva de lo razonablemente aceptado ha surgido el reclamo prudente y oportuno de uno de los núcleos gremiales que han batallado por la conservación inmutable de los derechos integrales a indemnizaciones por despidos de trabajadores dominicanos y extranjeros que hollan esta tierra.
Es inexcusable mantener en el ostracismo del sistema jurídico el estatuto que reemplazará el que caduca por infuncional y desfasado a través del recurso de no aparecer extrañamente en las agendas camerales; menos si existe la certeza por claras señales desde las cúspides del cuerpo legislativo de que nadie desde poderes fácticos o posiciones políticas más altas que las suyas hala hilos para que el viejo esquema sobreviva.
